Nulidad de sanción administrativa por presuntas irregularidades contractuales

Contexto del caso

En 2025, una empresa de servicios logísticos fue sancionada por una entidad estatal con una multa de alta cuantía y una inhabilidad temporal para contratar con el Estado, al considerar que había incumplido un contrato de prestación de servicios.

El acto administrativo sancionatorio se expidió con base en informes de supervisión y actas internas, pero la empresa sostenía que había cumplido las obligaciones principales y que los supuestos incumplimientos se debían a decisiones y hechos atribuibles a la propia entidad contratante.

El impacto era doble: afectaba de manera inmediata la caja de la compañía y la dejaba por fuera de nuevos procesos de selección pública, justo en un momento clave de crecimiento y expansión.

Riesgo jurídico y empresarial

Mantener en firme el acto administrativo sancionatorio implicaba, entre otros:

• Un impacto económico directo por el valor de la multa impuesta.
• La imposibilidad de participar en nuevos procesos de contratación estatal durante el término de la inhabilidad.
• Afectación de la reputación frente a aliados comerciales, bancos e inversionistas.

La estrategia debía enfocarse en atacar la legalidad del acto y en demostrar que la decisión administrativa no estaba debidamente motivada ni ajustada a los hechos del contrato.

Estrategia de defensa en vía administrativa y judicial

El trabajo se organizó en dos niveles: agotamiento de la vía administrativa y posterior acción contencioso-administrativa.

1. Revisión integral del expediente: se analizaron el contrato, otrosíes, actas de ejecución, comunicaciones, informes de supervisión y antecedentes de la apertura del proceso sancionatorio.
2. Identificación de vicios del acto: se evidenciaron falencias en la motivación, falta de valoración de pruebas a favor de la empresa y aplicación errada de la norma contractual y sancionatoria.
3. Recursos en vía gubernativa: se interpusieron los recursos pertinentes (reposición y, cuando procedía, apelación), estructurando una teoría del caso basada en cumplimiento sustancial del contrato y vulneración del debido proceso administrativo.
4. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho: una vez agotada la vía administrativa, se presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, solicitando la nulidad del acto sancionatorio y el restablecimiento integral del derecho de la empresa.
5. Medida cautelar de suspensión provisional: se pidió la suspensión provisional de la sanción mientras se decidía el fondo, argumentando violación manifiesta de normas superiores y perjuicios graves.

Resultado: acto anulado y derecho restablecido

El despacho judicial, inicialmente, decretó la suspensión provisional del acto sancionatorio, permitiendo que la empresa siguiera participando en procesos de contratación mientras avanzaba el proceso.

Posteriormente, en sentencia de fondo, el tribunal declaró la nulidad de la sanción administrativa al considerar que:

• La autoridad no valoró integralmente el material probatorio aportado por la empresa.
• Existían errores en la interpretación del contrato y en la imputación del incumplimiento.
• Se vulneraron principios de proporcionalidad y debido proceso.

Como consecuencia, se ordenó el levantamiento de la inhabilidad y la eliminación de antecedentes sancionatorios derivados de dicho acto, así como el pago de determinados perjuicios.

¿Qué puede aprender su empresa de este caso?

Este tipo de procesos deja varias lecciones relevantes para empresas que contratan con el Estado:

• No toda sanción debe aceptarse como un hecho consumado: los actos administrativos son revisables y pueden ser anulados cuando no se ajustan a derecho.
• Documentar la ejecución contractual es clave: actas, correos, informes y comunicaciones formales pueden marcar la diferencia al demostrar cumplimiento y buena fe.
• Los plazos en vía administrativa importan: perder un recurso o dejar vencer un término puede cerrar puertas de defensa posteriores.
• El derecho administrativo es técnico: contar con acompañamiento especializado permite identificar vicios del acto, planear la estrategia y escoger el momento adecuado para acudir a la jurisdicción.